Ante el Juzgado 16 Penal con control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó este martes los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado al Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe del año 2013 por la presunta elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid como rector y quien estuvo en ese cargo hasta marzo de 2018 luego que las autoridades lo investigaran por supuestos malos manejos de los dineros del Alma Mater.

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Algunos de los imputados y quienes estuvieron presentes en la audiencia virtual de formulación de imputación de cargos fueron Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal, y Arturo González Peña, quienes no aceptaron cargos. 

Según el ente acusador,  por estatutos de la misma Universidad era el vicerrector Mariano Romero el que debía asumir la suplencia ante la ausencia de la entonces rectora en propiedad Silvia Gette Ponce, quien se encontraba de licencia por 6 meses. 

Sin embargo, esto no se dio y en cambio se reunió el Consejo Directivo eligiendo a Ramsés Vargas  a pesar que presuntamente no era suplente y tampoco fue nombrado como tal por su padre Eduardo Vargas Osorio, quien pertenecía a la junta directiva de la universidad. 

Según se conoció, Vargas Lamadrid presuntamente no reunía los requisitos estatutarios para ser rector de la Uniautónoma y  aún así fue nombrado, configurándose, a juicio de la Fiscalía, los delitos ya mencionados y por lo que fueron imputados los que hicieron parte de ese Consejo Directivo en ese año.  

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En este proceso aparece como víctima Silvia Gette, quien fue sacada de la rectoría presuntamente de manera “ilegal”. La mujer estuvo presente también en la vista pública virtual acompañada de su abogada.  También fue declarada como víctima la propia universidad. 

Declaran contumacia e imputan cargos a Ramsés Vargas y Tamit Turbay Echeverría 

Durante la vista pública, la juez declaró la contumacia al mismo Ramsés Vargas y a Tamid Turbay, otro miembro del Consejo Directivo en 2013, por no presentarse a la mencionada audiencia. 

La contumacia es una situación jurídica que permite al juez designar a un abogado de la Defensoría Pública a los mencionados para que se le pueda formular cargos sin estar presentes y así poder continuar con el proceso por el que se les investiga. 

Los dos estaban notificados que debían asistir a la audiencia, pero se han mostrado renuentes, según la juez. 

El abogado de la Defensoría aseguró que la Fiscalía presentó como evidencia un correo electrónico que envió a Tamid Turbay y desde ese mismo respondieron pidiendo información del proceso, por lo que tenía conocimiento de la diligencia judicial de este martes.

En cuanto a la notificación a Vargas Lamadrid, la Fiscalía se dirigió a la dirección donde reside y el vigilante del edificio confirmó que sí residía en el lugar, por lo que la notificación para la audiencia se la dejaron en físico.

“A la fecha no se ha recibido una excusa que justifique la no presencia a esta sala virtual y el despacho acoge la solicitud de la Fiscalía la declaratoria de contumacia a Ramsés Vargas Lamadrid y Tamit Turbay”, dijo la juez.

Una vez se declaró la contumacia, la Fiscalía formuló también imputación de cargos  de fraude procesal contra Ramsés Vargas y Tamit Turbay.

En el caso de Ramsés Vargas, según la Fiscalía participó en una reunión del Consejo Directivo de la universidad, en diciembre de 2012, cuando ni siquiera era suplente ni miembro activo de esa sala general del Consejo Directivo y allí dijo que supuestamente el Ministerio de Educación había abierto una indagación contra la Universidad.

Según la Fiscalía, allí presuntamente ya se venía fraguando para que en mayo de 2013 lo escogieran como rector sin tener los requisitos establecidos en el estatuto de la Universidad. Así mismo presuntamente hicieron actas fraudulentas para inducir en errores y así llegar a ese cargo. 

Ambos quedaron legalmente vinculados al proceso que lleva la Fiscalía en su contra. 

Así las cosas ahora Ramsés quedó vinculado a otro proceso aparte del que le sigue la Fiscalía por presuntamente apoderarse de dineros de la Universidad, lo que originó su salida en 2018.